Nacionalizar las eléctricas o privatizar la política

Aviso de antemano que el objetivo de este artículo no es en absoluto desprestigiar el PSOE, sino hacer una crítica constructiva hacia la postura de su secretario general ante el modelo energético español. Una postura que por su rotunda defensa de un sector tan problemático como el energético dista de lo que cabría esperar de un socialdemócrata comprometido.

Ayer, en el programa “las Mañanas de Cuatro”, Rubalcaba defendió el modelo energético español con determinación infranqueable ante su contertulio el politólogo y profesor de la Complutense Pablo Iglesias, cuando éste proponía entre otras medidas la nacionalización de la misma. Por desgracia, durante el debate, como en casi todo debate televisivo, ha faltado tiempo para profundizar y la tertulia ha derivado en un enfrentamiento retórico para convencer al público de las intenciones perversas del contrario, que bien era acusado de bolchevique peligroso o bien de lobo disfrazado de rojo. Para dedicarle la extensión que se merece, este artículo obviará el juego retórico y las demás reformas planteadas para centrarse únicamente en la nacionalización propuesta por el profesor Iglesias. Trataré de esclarecer por qué la socialización de las eléctricas podría jugar un papel clave no sólo para salir de esta crisis, sino para prevenir crisis futuras.

Para defender el modelo privado y actual, Rubalcaba da dos razones fundamentales que se suelen sostener desde la “filosofía” del mercado libre y que trataré de rebatir. Estas razones son:

1) No es conveniente nacionalizar dado que las empresas públicas se acaban politizando –acordémonos de las cajas de ahorro–.

2) Las empresas privadas en libre competencia son más eficientes y por tanto una opción más deseable.

Empezando por el punto 1, una empresa pública no se tiene por qué politizar –en el sentido peyorativo de la palabra; esto es, enchufar a incompetentes como favores políticos–. Podría funcionar con un consejo de administración compuesto por técnicos –que evite enchufes y asegure unos gestores preparados– y luego atar su funcionamiento conforme a unos criterios bien delimitados al servicio de la sociedad. Es el caso de por ejemplo Banco Central Europeo, sólo que en su caso los criterios de gestión distan mucho de los intereses de la ciudadanía. Pero aun con la posibilidad de crear instituciones públicas más eficientes, es cierto que cuando se consigue desarrollar un mercado competitivo entre varios actores –que tampoco ha sido el caso del oligopolio eléctrico–, este escenario tiende a pulir la eficiencia productiva hasta niveles difícilmente alcanzables por una empresa pública en monopolio. Pero esa misma eficiencia no tiene por qué ser en sí algo bueno o deseable,  como da por hecho Rubalcaba. No es un factor que por sí sólo garantice un sistema económico funcional y sostenible, sino, como hemos visto en los bancos que han desatado la crisis financiera, puede ir en contra de los intereses de un país.

Una empresa pública, en cambio, puede permitirse funcionar con pérdidas en tiempos de crisis para, por ejemplo, proveer suministros baratos tanto a otros sectores de la economía como a las familias y así funcionar como un colchón que evite la profundización de las crisis. Exigir el mismo comportamiento “patriota” a una empresa privada es mucho más complicado, recordemos cuando tanto en EEUU como en España se inyectaron ingentes cantidades de dinero a los bancos con la esperanza de que facilitaran créditos y reactivaran nuestras economías, y cómo, en cambio, aprovecharon el dinero para especular en los mercados financieros –en el caso de España directamente en contra de los países que los financiaban, jugando con la deuda soberana–. Otro problema añadido de dejar los sectores económicos claves en manos de compañías privadas es la lucha de éstas por influir sobre el poder político en favor exclusivamente de su propia maximización de beneficios. Miremos a la reciente penalización del autoconsumo energético –predominantemente solar–, es difícil hallar otro motivo razonable para la misma que no sea el de beneficiar en exclusiva a las grandes compañías eléctricas. Las energías renovables y el medio ambiente desde luego no salen beneficiadas. Y es que, al contrario de la opinión de Rubalcaba, que considera que nacionalizar a una empresa significa politizarla, en el caso de los bancos y las eléctricas no hacerlo ya ha supuesto privatizar demasiadas decisiones políticas.

 

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